Que España tiene una larga tradición en la gestión de las aguas es ampliamente sabido, pues pronto se cumplirá ya un siglo desde la fundación de las confederaciones hidrográficas y la introducción de los conceptos de planificación hidrológica a nivel de cuencas, y no de unidades políticas o administrativas, en lo que se fue pionero a nivel europeo.
Mucho más antiguas son las gestiones de algunas históricas comunidades de regantes o el funcionamiento del peculiar Tribunal de las Aguas de Valencia.
Más costó introducir en esta planificación y gestión los temas relacionados con la calidad de las aguas, más avanzados en otras regiones europeas, que no fueron realmente mínimamente tenidos en cuenta en España hasta bastante avanzada la segunda mitad del siglo pasado.
Primero tímidamente, venciendo la resistencia de estamentos muy arraigados en los problemas de cantidad pero reacios a nuevos conceptos, y después tratando poco a poco temas vinculados con el fuerte y progresivo deterioro de la calidad de las aguas, fueron abriéndose paso aquí las voces que defendían una mayor implicación en la recuperación de nuestras maltratadas aguas. Aunque fuese inicialmente más para proteger usos, como el de abastecimiento público, que no desde una perspectiva ecosistémica.
No obstante, todavía el tema se centraba en los aspectos físico-químicos de la calidad de las aguas y en parámetros básicos generalistas, y no en biológicos ni del conjunto de los espacios fluviales.
Fueron incorporándose conceptos como el de la depuración, cada vez más exigente y aplicada a núcleos menores de población, y se fue poniendo cada vez más interés en un tema vital como es el posterior mantenimiento por equipos profesionales.
Se extendió la depuración a todo tipo de actividades susceptibles de contaminar, se introdujeron las mejores técnicas disponibles, la gestión de las aguas de lluvia y más adelante los denominados contaminantes prioritarios, sustancias emergentes, contaminantes de uso personal u otras calificaciones.
España ha sido pionera en contemplar el tema de la reutilización, y en especial en las zonas mediterráneas, donde la cantidad del recurso, vinculada por otra parte a su calidad, siempre ha sido escasa para las necesidades. Y ahora más, si tenemos en cuenta los innegables efectos del cambio climático.
Fue con la llegada de la famosa “Directiva Marco del Agua” (DMA) cuando además de consolidar la planificación hidrológica en temas de cantidad y a nivel de demarcaciones hidrográficas, se introdujeron con mucha fuerza todos los conceptos que giran alrededor de lo que se llama el buen estado ecológico de las masas de agua, contemplando nuestros ríos sobre todo como un ecosistema muy valioso sin renunciar a los lícitos usos de las aguas que se deben proteger.
Así, se fueron introduciendo, y después ampliando y mejorando, aspectos como los indicadores biológicos, la ictiofauna, la vegetación de ribera, los caudales ecológicos, las especies alóctonas e invasores, la morfología, la continuidad fluvial, etc. Todos estos últimos aspectos fueron, aun tímidamente, ya recogidos con menor o mayor intensidad y acierto, en el primer ciclo de planificación posterior a la entrada en vigor de la DMA.
Mayor atención se prestó ya en posteriores ciclos, si bien entonces el problema principal fue el de la crisis económica que redujo considerablemente la materialización de numerosas actuaciones.
Mucho también se ha avanzado, aunque quede terreno por recorrer, en la gestión y previsión de las inundaciones, con una importante tarea de delimitación de zonas inundables, pero topando con el tema no resuelto de la ocupación anterior de numerosas zonas de peligro en avenidas.
Con el apoyo de muchos ámbitos de investigación y aplicación de nuevos conocimientos y tecnologías, con una mayor y real participación pública, con intercambios cada vez más intensos con otros países, y con unas administraciones más abiertas a los nuevos aires, es de esperar que podamos decir que “progresamos adecuadamente”, aunque en algunas materias todavía hemos de mejorar.
