Las potabilizadoras de aguas de Tarazona y de Torrellas ya tienen instalado un sistema de tratamiento ultravioleta (UV) para impedir que el protozoo Cryptosporidium vuelva a ocasionar una crisis como la registrada este otoño, que obligó a implantar restricciones en el consumo de agua al municipio turiasonense, además de a Novallas, Torrellas y Los Fayos. El agente causal que contaminó el agua de la red de abastecimiento, el Cryptosporidium, es resistente al cloro, pero se ha demostrado que es desactivado eficazmente por una dosis baja de luz UV, sin que se produzcan subproductos de desinfección.
De momento, los equipos UV de Tarazona y Torrellas ya están en funcionamiento y en Novallas y los Fayos se sigue trabajando en la adaptación de las potabilizadoras para albergar los equipos en los próximos días. De esta forma, se aporta una solución definitiva a la contaminación del agua. El Gobierno aragonés ha invertido cerca de medio millón de euros en las distintas actuaciones dirigidas, con criterios científicos, para asegurar la salud de la población afectadas.
El Instituto Aragonés del Agua ha acometido la compra de estos equipos de radiación con luz ultravioleta por valor de más 369.000 euros para ser instalados en las potabilizadoras de los municipios afectados. La radiación ultravioleta es un método físico instantáneo que puede usarse para la desinfección y/o esterilización del agua para consumo humano, con capacidad para eliminar microorganismos (bacterias, hongos, algas, virus, protozoos…) al destruir su ADN e impedir su reproducción.
Los equipos UV de Tarazona y Torrellas ya están en funcionamiento y en Novallas y los Fayos se sigue trabajando en la adaptación de las potabilizadoras
La desinfección con UV no aporta químicos ni sabor, olor, pH o conductividad y no cambia la temperatura del agua. El material preciso está fabricado en acero inoxidable de gran calidad, que incorporan lámparas especiales de mercurio de baja presión, protegidas en cápsulas transparentes. La luz emitida por estas lámparas es concentrada (90%) y capaz de destruir o inactivar microorganismos como el Cryptosporidium y otros presentes en el agua.
El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, y el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, han visitado este lunes 20 de noviembre las instalaciones de la estación de tratamiento de agua potable para conocer de primera mano cómo es esta tecnología y las ventajas de seguridad que ofrece en el suministro. El presidente ha estado acompañado por el director del Instituto Aragonés del Agua, Luis Estaún, representantes municipales de varios pueblos afectados y se ha interesado por conocer las circunstancias peculiares de cada una de las localidades.
«El Gobierno de Aragón no ha escatimado medios, ni humanos, ni técnicos, y hoy, gracias a la aplicación de la tecnología, se puede asegurar de forma eficiente que el consumo de agua en los cuatro municipios va a ser seguro. La inversión del Gobierno de Aragón en medios técnicos está cerca de los 500.000 euros porque no queríamos un parche, queríamos una solución en todas las localidades pensando en el largo plazo», ha destacado Jorge Azcón.
Por su parte, el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ha apostado por «seguir investigando» para evitar en el futuro problemas similares. Ha recordado que «la luz ultravioleta es una solución mucho más ágil y segura» que otras opciones que se han barajado para atajar esta problemática.
La desinfección con UV no aporta químicos ni sabor, olor, pH o conductividad y no cambia la temperatura del agua
Desde principios de noviembre ya se puede beber agua del grifo en Tarazona y Torrellas (2 de noviembre); Los Fayos (3 de noviembre) y Novallas (9 de noviembre) pero se mantenía la recomendación de que mantuvieran el consumo de agua de botella determinados colectivos vulnerables, como ancianos, niños menores de 6 años y personas inmunodeprimidas. Con el tratamiento ultravioleta se retiran estas recomendaciones y se aporta una solución innovadora y definitiva.
El despliegue operativo y las actuaciones llevadas a cabo por parte de las administraciones ha supuesto la implicación de cuatro direcciones generales del Gobierno aragonés, tres ministerios, cuatro Ayuntamientos, además de la Universidad de Zaragoza y distintas empresas especializadas en análisis de agua, tratamientos biocida y otros tratamientos de agua.
Implicación de distintos expertos e instituciones
El brote de gastroenteritis se declaró el fin de semana del 9 y 10 de septiembre en la ciudad turiasonense, cuando se registró un pico inhabitual de casos de diarrea que llamó la atención de los sanitarios. Pronto se sospechó que la causa de ese cuadro clínico estaba en el agua. Aunque los primeros análisis daban parámetros microbiológicos normales, los expertos de Salud Pública insistieron en mantener las restricciones de agua. Los resultados de los cultivos de laboratorio realizados con heces de personas enfermas permitieron confirmar el 14 de septiembre que el agente causal del brote era un protozoo del género Cryptosporidium.
Estos hallazgos avalaron la necesidad de mantener las restricciones iniciales en el consumo de agua de la red de abastecimiento. Estas medidas consistieron en no beber agua del grifo, no utilizarla para lavarse los dientes y hervirla al menos 10 minutos para usarla para cocinar. Una semana después se ratificó con más pruebas analíticas la presencia del agente infeccioso en agua de boca en Tarazona.
El jueves 21 de septiembre, Salud Pública extendió estas restricciones a los otros tres pueblos (Novallas, Torrellas y Los Fayos), ya que se hallaron ooquistes de Cryptosporidium en el tramo del río Queiles donde estos pueblos captan el agua de la red de abastecimiento. Posteriormente, se confirmó la presencia del protozoo en el tramo soriano del citado río, lo que motivó la implicación de otras Comunidades autónomas (Castilla y León y Navarra) y de la Administración del Estado.
A lo largo de estos meses han trabajado en esta crisis profesionales del Servicio Aragonés de Salud, farmacéuticos y veterinarios de los distintos servicios de Salud Pública, Medio Ambiente y Agricultura, además de la Guardia Civil, inspectores sanitarios, investigadores de la Universidad de Zaragoza, expertos en Microbiología, en Sanidad Animal, agentes de Protección de la Naturaleza, técnicos de la administración, ingenieros de Agricultura y de Interior y Emergencias, además de voluntarios que han ayudado también en el reparto de agua.
El Gobierno aragonés ha invertido un total de 488.975,59 euros en la gestión de esta crisis (41.103,46 euros, en Salud Pública; 43.273,84 euros en actuaciones de Interior y Emergencias y el resto en tratamientos biocidas y de UV del Instituto Aragonés del Agua). En estos gastos, no obstante, no están cuantificados los costes de investigación epidemiológica, guardias, inspecciones, atención sanitaria, análisis en laboratorios de Sanidad, entre otros.
