Dice el Parlamento Europeo que el agua no es un producto comercial, sino un bien público. Una afirmación que encaja con el mensaje de las Naciones Unidas de que el agua es, además, una cuestión de derechos. Se trata de un recurso que se encuentra en el epicentro del desarrollo sostenible y que es fundamental para el desarrollo socioeconómico de cualquier punto del planeta. Sin embargo, el imparable crecimiento de la población con el consecuente aumento de la demanda, y la cada vez mayor incidencia del cambio climático, hacen que el agua esté sometida a fuertes presiones.
Se hace necesaria, pues, la existencia de un marco jurídico que salvaguarde los recursos hídricos del planeta a través de una estrategia que garantice la disponibilidad de una cantidad suficiente de agua de calidad a largo plazo para los diversos usos a los que se destina. Y aquí es donde entra, en Europa, la Directiva Marco del Agua (DMA), que establece la protección de las aguas europeas tanto en términos cualitativos como cuantitativos, garantizando su sostenibilidad a largo plazo para los Estados miembros. Además, permite establecer unos objetivos medioambientales homogéneos para las masas de agua con el fin de avanzar juntos en su consecución y compartiendo experiencias entre sí. No obstante, la gestión y organización de los servicios del agua, que incluye el suministro de agua potable y la recogida y tratamiento de las aguas residuales, no dejan de ser el resultado de factores histórico-culturales que reflejan la diversidad de los países que forman parte de la Unión Europea.
La DMA insta a los Estados miembros a garantizar la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua
Diferentes modelos de gestión para un mismo recurso
Siendo el agua un recurso clave en el desarrollo de un país, es responsabilidad de su Gobierno encontrar la fórmula que más se ajuste a su modelo socioeconómico. Con esta premisa, ya sea por cuestiones políticas, administrativas o financieras, el comportamiento y la estructura organizativa de los países europeos han hecho que la gestión de los servicios de agua haya evolucionado en los últimos 20 años desde un modelo en su mayoría público hacia la aparición y desarrollo del sector privado, abriendo la puerta a nuevos modelos de gestión.
Londres.
Así, la gestión del agua en Europa puede ajustarse a tres modelos: público, en el que la entidad pública responsable puede estar directamente a cargo de la prestación del servicio y de su gestión, o bien delegar en una entidad de gestión de propiedad pública las tareas; mixto, en el que una entidad pública (normalmente un ayuntamiento) y una empresa privada se unen para gestionar el recurso de forma conjunta; y privado, en el que, o bien la entidad pública responsable nombra a una empresa privada para gestionar las tareas bajo un contrato de arrendamiento o de concesión, siendo la titularidad de la infraestructuras públicas, o bien donde todas las tareas de gestión, responsabilidades y propiedad de los servicios de agua, incluidas las infraestructuras, se ponen en manos de operadores privados.
En este sentido, y de acuerdo al informe de EurEau de 2018 “The governance of water services in Europe”, a excepción de Gales e Inglaterra, donde todos los servicios de agua están bajo un modelo de gestión privada, el modelo de gestión pública está presente de manera generalizada en el resto de Europa. Mientras que en Chipre, Croacia, Hungría, Luxemburgo y Noruega se aplica la gestión pública directa, en Grecia, Irlanda y Malta se opta más por delegar la gestión hacia una empresa de servicios de propiedad pública. Serbia, Suecia y Países Bajos combinan ambos modelos públicos.
La organización de los servicios del agua es el resultado de factores histórico-culturales que reflejan la diversidad de los países
En Bélgica, los servicios de agua (que incluyen el tratamiento de las aguas residuales) son competencia pública; sin embargo, en Flandes, Valonia y Bruselas existe una pequeña participación privada en cuanto al tratamiento de aguas residuales.
En algunos países donde también la gestión pública es el modelo predominante, la empresa privada tiene participación en los servicios de agua a través del modelo mixto o de gestión privada delegada. Son los casos de Alemania, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Polonia y Suiza. También el de Austria, donde las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada son la forma más frecuente de gestión organizativa, en la que la autoridad pública posee la mayoría de las acciones (casi siempre un 100%).
Croacia.
En el caso de Francia, los municipios son legalmente responsables del suministro de agua y los servicios de aguas residuales. Sin embargo, y siendo supervisados por el Estado, tienen libertad para decidir sobre cualquier modelo de gestión, de modo que coexisten tanto la gestión pública, como la privada y la colaboración entre empresas de ambos sectores.
Sin embargo, el peso de la empresa privada en la gestión de los servicios de agua no es residual. En Dinamarca, por ejemplo, hasta 2010 el modelo principal de gestión era público, pero a partir de 2016 ha seguido una tendencia hacia el privado. También es el caso de Italia, donde alrededor de la mitad de la población es atendida a través de la delegación pública y la otra mitad mediante un modelo mixto; y de Portugal, en el que la colaboración público-privada representa una cuarta parte. En este sentido, llama la atención que la gestión privada de los servicios de agua no está considerada en la legislación portuguesa. Por su parte, en Rumanía los operadores regionales y dos empresas privadas cubren el 85% del mercado de los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado.
Otro aspecto que llama la atención es el peso que gana la empresa privada en aquellos países donde los tres modelos de gestión coexisten casi de forma equilibrada. Es el caso de la República Checa, donde la empresa privada predomina frente a la pública; o España, cuya presencia de ambos sectores está casi totalmente equilibrada.
La quimera de la fórmula perfecta
Frente a las diferencias entre los modelos de gestión del agua que existen en el territorio europeo, ¿cuál es el más adecuado? Lamentablemente, no hay una respuesta consensuada para la pregunta del millón.
Podríamos pensar que la opinión de la sociedad civil quizá pudiera arrojar algo de luz a la permanente pregunta de cuál es el mejor modelo a aplicar. Según una encuesta internacional sobre el Índice de Infraestructura Global realizada por Ipsos MORI en asociación con la Asociación de Inversionistas de Infraestructura Global (GIIA) en 28 países de todo el mundo, el sector del agua y saneamiento es el segundo mejor valorado con un 73%. En concreto, si nos centramos en Europa, los países mejor valorados son Alemania (76%), Gran Bretaña (73%), Francia (68%), Bélgica (64%), Polonia y Suecia (60%), Hungría (59%), España (55%) e Italia (36%). Lo curioso es que en cada uno de los tres países donde el porcentaje de satisfacción es mayor, el peso entre la gestión pública o privada es diferente.
La Directiva Marco del Agua establece la protección de las aguas europeas tanto en términos cualitativos como cuantitativos
Entre los factores que el usuario final tiende a evaluar en los servicios de agua, se encuentran el precio del agua (de acuerdo a su renta per cápita), la calidad del servicio o el estado de las infraestructuras. Pero son muchos los que desconocen a través de qué modelo de gestión llega el agua a su grifo; lo que importa, al fin y al cabo, es que llega.
Y para que llegue, es necesario que los Estados miembros identifiquen los objetivos y prioridades en sus políticas de agua, movilicen los recursos necesarios para alcanzar dichos objetivos (ya sean humanos, financieros o institucionales), desarrollen un marco regulatorio sólido y desarrollen instrumentos de resolución de conflictos que, de forma inevitable, surgen entre los actores que intervienen en la gestión del agua.
Volviendo a la Directiva Marco del Agua, que se completa con legislación europea más específica como la Directiva de agua potable o la Directiva sobre aguas residuales urbanas, esta no especifica qué modelo han de seguir los Estados miembros para cumplir con la misma, sino que los insta no solo a garantizar que todos sus habitantes gocen del derecho al agua y al saneamiento, sino a conseguir la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua. ¿Hacia dónde se dirige Europa?
